Después de semanas de indignación pública y una tragedia que conmocionó a Morelos, las autoridades finalmente lograron capturar a cuatro presuntos integrantes de una banda especializada en el robo de cuentahabientes. Una noticia que debería ser tranquilizadora, si no fuera porque las investigaciones revelan que el grupo operaba con una organización digna de una empresa formal… pero dedicada al delito.
Los detenidos fueron vinculados a proceso por homicidio calificado y robo calificado, luego de ser señalados como los presuntos responsables del asesinato de una mujer y su padre, ocurrido el pasado 20 de mayo al salir de una sucursal bancaria en Cuernavaca.
Según la Fiscalía, la banda no improvisaba. Contaba con vigilancia previa de las víctimas, vehículos de apoyo, motocicletas para ejecutar los atracos y operaciones en Morelos, Estado de México, Guerrero y Puebla. Es decir, mientras muchas instituciones públicas siguen batallando para coordinarse entre municipios, los delincuentes ya trabajaban con cobertura regional y logística eficiente.
Las investigaciones apuntan a que los criminales seleccionaban cuidadosamente a sus objetivos, particularmente personas que acababan de realizar movimientos bancarios. Un modelo de negocio tan rentable como brutal, basado en detectar quién retiró dinero antes de que pudiera llegar a casa.
Ahora los cuatro enfrentarán un proceso judicial. Mientras tanto, la ciudadanía recibe un mensaje ambiguo: por un lado, la banda fue desarticulada; por otro, quedó claro que operó durante suficiente tiempo para perfeccionar una estructura criminal que cruzaba varios estados sin mayores obstáculos.
